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El Gobierno de Pedro Sánchez promete a la UE subir los impuestos al diésel, armonizar Patrimonio y un tipo mínimo en Sociedades.
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El Gobierno de Pedro Sánchez promete a la UE subir los impuestos al diésel, armonizar Patrimonio y un tipo mínimo en Sociedades.

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Pasadas las elecciones del 4M  Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos| 5/mayo/2021 |   Según están informando diferentes medios de tirada nacional, entre ellos ABC,  el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez ha incluido dentro del Plan de Recuperación enviado a Bruselas un largo menú de ideas fiscales para subir impuestos, eliminar beneficios tributarios y aumentar la recaudación. Si bien señala que habrá que esperar a lo que dictamine el grupo de expertos para la reforma fiscal, sí que destaca la necesidad de armonizar el Impuesto de Patrimonio, elevar el gravamen del diésel para igualarlo con la gasolina, fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, eliminar beneficios fiscales y «revisar» los impuestos de matriculación y circulación. Todo ello lo incluye en el ‘componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’ de los 30 componentes enviados a Bruselas.

El Ejecutivo ya había señalado su intención de armonizar impuestos autonómicos como Sucesiones o Patrimonio y ahora lo incluye dentro de sus planes enviados a Bruselas el pasado viernes y publicados con detalle hoy, tras las elecciones del 4-M en Madrid. «Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas», recoge. Precisamente, el Gobierno de Madrid, que bonifica al 100% el impuesto de Patrimonio, se opone a esta medida y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se comprometió en campaña a no subir impuestos. El Ejecutivo señala que, en todo caso, «algunas de las reformas afectan al Sistema de Financiación Autonómica y al Sistema de Financiación de las corporaciones locales, por lo que se procurará alcanzar un acuerdo con ellas».

También desgrana el Ejecutivo que «la información de la que se dispone sobre el patrimonio de las personas físicas es insuficiente, y la extensión y veracidad de la misma empeora sensiblemente cuando los patrimonios se ostentan indirectamente a través de personas jurídicas».

Más cotizaciones y recaudación por impuestos

La meta de la reforma fiscal es subir los ingresos públicos. «Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español buscan acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno», desgrana el documento, para recordar que la brecha con la media de los países de la Eurozona es de 7,3 puntos de PIB equivalentes a 80.000 millones de euros más de ingresos (un 39,2% España en 2019, un 46,5% los países de la moneda común). El Gobierno «aprecia un margen para aumentar la recaudación» con más impuestos en el ámbito «digital y medioambiental», además de «reduciendo o eliminando ciertos beneficios fiscales».

Pero además de esto, el Ejecutivo también promete un «incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima» para antes de que acabe 2022. Lo hace en el componente 30 de «sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo», en lo que elevaría las cotizaciones a los sueldos superiores a 49.000 euros, a la vez que aumentaría la pensión máxima, que es de 2.707 euros al mes en la actualidad. El Ejecutivo señala que esta reforma se iría dando durante un periodo de 30 años, de forma «que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano».

Más impuestos verdes

En primer lugar, el Ejecutivo apuesta por elevar la fiscalidad verde y abre la puerta a bajar los impuestos al trabajo, ya que «el incremento de ingresos derivado de potenciar la fiscalidad ambiental además de contribuir a incentivar comportamientos más eficientes también puede servir para limitar el peso de otros tributos, como por ejemplo aquellos que recaen sobre el trabajo, lo que ha sido una recomendación tradicional tanto de la Comisión Europea como de la OCDE». Para toda medida tributaria, eso sí, está el análisis del grupo de expertos para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones el 28 de febrero de 2022. El grueso de la reforma fiscal se aprobará en el primer trimestre de 2023, aunque ya habrá incluido numerosos cambios para entonces.

Como fuere, el Gobierno traza un calendario pormenorizado de las figuras y estudios que va a realizar en fiscalidad verde. En el segundo trimestre de este año aprobará el proyecto de ley para crear los impuestos a plásticos y residuos que incluía ya en las previsiones de los Presupuestos de 2021. En el tercer trimestre será cuando entren en vigor ambas figuras, recoge el documento enviado a Bruselas. Debido a su tardía tramitación, la Autoridad Fiscal ya advirtió que ambos tributos recaudarían apenas una cuarta parte de lo que preveía Hacienda en los presupuestos: 98 millones e impuesto al plástico (frente a los 491 estimados en las cuentas) y 215 el de residuos (que contrasta con los 861 pronosticados en un inicio).

Junto a ello, el Gobierno recoge que «en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación». En el segundo trimestre de 2022 se aprobará «la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero» con la intención de «garantizar un efectivo control de dichos gases de acuerdo con una regulación armonizada europea».

Más tributos al diésel

Más adelante se abordará la fiscalidad del diésel. «En el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos», señala. «Los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo», recuerda el Gobierno en el documento remitido a Bruselas, añadiendo que para un mismo nivel tecnológico de motor, «la contaminación del diésel no es inferior a la gasolina».

El Ejecutivo ya incluyó una subida del impuesto al diésel en el proyecto de Presupuestos de 2021, si bien el PNV la eliminó a cambio de su apoyo a las cuentas. Como fuere, el Ejecutivo «considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción» por lo que «con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros». «En el cuarto trimestre de 2023 se realizará la revisión de otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible», sostiene.

Impuestos a los billetes de avión

También abre la puerta a elevar la presión fiscal a los viajes en avión, ya que se compromete a «revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores». El Ejecutivo ya publicó antes de la pandemia un proyecto en información pública para crear un impuesto a los billetes de avión. Sin embargo, poco después estalló la pandemia y ante la interrupción de la movilidad y el turismo, el proyecto se metió en un cajón. Según lo recogido por el Ejecutivo, ahora este plan podría resucitar, si bien no da más detalles al respecto.

Eliminar agujeros fiscales: 15 a revisión

Junto a ello, el Ejecutivo propondrá «una evaluación de quince beneficios fiscales seleccionados por el grupo de trabajo por su importancia cuantitativa y cualitativa que se realizará a lo largo del período 2021 a 2023», a razón de cinco beneficios fiscales cada año. En palabras del Gobierno, «la reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que coadyuvan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes».

Fin del beneficio fiscal a planes de pensiones

Uno de ellos es la reducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones, que el Gobierno ya limitó de 8.500 a 2.000 euros anuales en 2021. Esta eliminación de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados continuará para otorgárselos a los planes de empleo de empresa. «Se desplazará la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva», desgrana el componente 30, sin dar más detalles.

Además, el Ejecutivo anuncia nuevos guiños fiscales al ahorro para la jubilación de rentas medias, bajas y jóvenes y limitará los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados. Así, anuncia el «diseño de un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz».

Tipo mínimo del 15% en Sociedades

Con la intención de aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades, el Gobierno también señala a Bruselas que aprobará el tipo mínimo del 15% que estudió en los Presupuestos Generales del Estado en 2021, si bien finalmente se quedó fuera. «El objetivo a medio plazo consiste en recuperar la potencia recaudatoria del impuesto, mediante su simplificación y revisión de exenciones y deducciones, de modo que quede garantizada una tributación mínima de un 15 por ciento por los contribuyentes», incluye. La secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, apostó por una figura similar hace unas semanas.

Además, el Ejecutivo también quiere gravar más a determinados negocios digitales, para lo que ha aprobado la tasa Google, pero puede aprobar más medidas. «Más allá de la creación de un impuesto ad hoc, como medida transitoria, deberán incorporarse las modificaciones oportunas en el ámbito de la imposición sobre sociedades. Todo ello deberá realizarse en consonancia con los acuerdos que se alcancen en el contexto internacional, y en particular en el ámbito europeo», recoge. Asimismo, en relación a «los incentivos fiscales» a la I+D+i el Ejecutivo señala que «procederá a mejorar y optimizar la gestión y procedimiento de los mismos para hacerlos más accesibles y eficaces para las pymes y startups».

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