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Un juzgado condena al Ayto. de Alcalá de Henares por no cumplir la Ley de Transparencia.
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Un juzgado condena al Ayto. de Alcalá de Henares por no cumplir la Ley de Transparencia.

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Según el diario El Mundo, El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que desde las últimas elecciones de Mayo de 2015,  está gobernado por una coalición de tres partidos, PSOE, Somos Alcalá (marca de Podemos en Alcalá ) y una concejala de IU, ahora en el  Grupo Mixto,  ha sido condenado  por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid por no cumplir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.  Este Juzgado, ordena al Consistorio que anule un acuerdo de Pleno municipal que decretó archivar las denuncias de la empresa de consultoría que demandó e inicie un procedimiento sancionador para esclarecer lo ocurrido.

La demandante había pedido al juez que declare judicialmente que se ha cometido una infracción muy grave y se sancione al cargo responsable de dicha infracción, algo que el juez, en su sentencia, a la que ha tenido acceso- el periódico El Mundo-, recoge que no puede hacer «sin la previa substanciación de un procedimiento administrativo sancionador».  Javier Rodriguez, Alcalde de Alcalá de Henares, acudiendo a los juzgados a declarar. De acuerdo a la demandante, el cargo responsable de la infracción sería la concejal de Desarrollo Económico y Empleo y consejera delegada del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, María del Pilar Fernández (concejala en el Grupo Mixto tras abandonar IU para entrar en Actúa), que debería, a su juicio, afrontar una inhabilitación por un periodo de 10 años. De ocurrir así, el Gobierno tripartito perdería a una concejal necesaria para tener la mayoría, ya que Somos Alcalá, PSOE y el Grupo Mixto suman 14 cuando el número de ediles del Consistorio, actualmente, es de 27.

Los hechos se remontan al pasado 6 de abril de 2016, cuando la empresa solicitó información pública al Ayuntamiento complutense sobre contratos menores, cuentas anuales y retribuciones de altos cargos, entre otros asuntos. Al no obtener respuesta en el plazo exigido por la Ley, el 10 de mayo presentó una reclamación al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que el 13 de julio, estimó la reclamación e instó al Consistorio que dirige Javier Rodríguez a cumplir con la Ley.

Tras no darse respuesta a la petición de información por parte del Ayuntamiento, ni haber recurrido este por la vía contenciosa, la empresa vuelve a solicitar el cumplimiento de la resolución el 17 de octubre, más de cinco meses después de la primera solicitud. La respuesta llegó el 13 de diciembre, pero, según la demandante, «con informaciones imprecisas» que no se correspondían con la resolución del Tribunal administrativo. Entre medias, el Ayuntamiento archivó la denuncia de la empresa en un pleno celebrado en agosto de 2016, en un acuerdo que ahora, en su sentencia, la Justicia ha anulado.

Fuentes municipales explican que, en efecto, el 6 de abril de 2016 se recibió la solicitud de información, pero la concejala de Desarrollo Económico y Empleo la remitió al Área de Transparencia, «que es quien tenía que dar respuesta». Lo mismo ocurre con la denuncia de la empresa contra la edil, que también es remitida a Transparencia, en concreto a una alta funcionaria, precisan fuentes municipales. «Es Transparencia la que me dice que no me preocupe porque ya han dado contestación a esa petición de información», señala la concejala Pilar Fernández. Sin embargo, posteriormente, se le remite desde Transparencia una petición de la empresa para dar la información, algo que hace el 17 de noviembre, ampliando incluso la información que le es requerida (se solicitaba información de 2013 a 2015 y la edil afirma que envía documentación ampliada hasta finales de 2016).

Según esta concejala, ella no puede quedar inhabilitada ya que no formaba parte de la Junta de Gobierno que aprobó el acuerdo del Pleno que archivó las denuncias y será el Ayuntamiento, que ya ha iniciado el procedimiento sancionador, quien determine la responsabilidad en este asunto.

De acuerdo a fuentes municipales, el Ayuntamiento será quien establezca si hubo un error administrativo o si entiende que la funcionaria de Transparencia no hizo su labor como debía y además realizó un informe para que la denuncia se archivara en el pleno. La empresa, entretanto, esperará a la resolución del expediente para continuar con el proceso judicial, ya que considera que la concejal sigue siendo la máxima responsable de los hechos ocurridos. Este revés judicial se produce cuando el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con el Gobierno tripartito de izquierdas, ha bajado del primer puesto al puesto número 67 en Transparencia, según la Organización de Transparencia Internacional, que barema el nivel de opacidad de los 110 municipios españoles más grandes. Cinco ayuntamientos madrileños están entre los 25 mejor puntuados en el citado ránkin

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