Plaza de España: La Asociación El Molino valora y analiza el último Auto dictado por el Juzgado nº 1 de Coslada.

À BOUT DE SUFFLE

(AL FINAL DE LA ESCAPADA)

***

«En la foto de arriba vemos al entonces alcalde SETIÉN de IU (2010) escoltado por los entonces miembros coaligados del equipo de gobierno los Tenientes del Alcalde Manuel G. ROJO (PSOE) y Javier CORPA (PSOE) visitando las obras de plaza de España. Y es que, ninguno de ellos quería perderse la oportunidad de la foto que era de lo que se trataba.

Gobernaban en coalición ambos partidos IU y PSOE (2007-2011) y, como era habitual entonces y ahora, se montaban esta performances para hacerse notar ante los medios y publicitarse a través de la propia revista municipal. 

Sin embargo, ninguno de esos asistentes se preguntó realmente quién pagaba toda aquella fiesta. Todos estaban contentos y satisfechos incluido el hoy alcalde CORPA que, siempre que tiene oportunidad, asegura que él no estuvo nunca allí o simplemente lo engañaron. Pero no cuela; evidentemente señor CORPA, también usted estaba allí y las fotografías así lo atestiguan.

Hoy, diez años después y cerca de otros seis de instrucción, el Juzgado 1 de Coslada da por concluidas las Diligencias de investigación abiertas por querella de una de las constructoras, y acuerda continuar la actuación pero ahora ya como procedimiento abreviado, y apreciando indiciariamente una media docena de presuntos delitos perpetrados por quienes fueron los administradores de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL entre los años de 2008 a 2012.

Todos los delitos que se imputan en el Auto dictado por el señor Juez (que solo son indicios y por lo tanto no es una condena en absoluto), conllevan penas de prisión. Y todos ellos guardan relación directa con la administración económica de la sociedad mercantil mixta PESF. 

Así, desde presuntos delitos de administración desleal e insolvencia punible (alzamiento de bienes), a incluso presuntos delitos contra la Hacienda Pública (el propio Ayuntamiento), pasando por otros como el de apropiación indebida que se imputa también a los administradores de WOODMAN SL, se despliegan sobre casi todos los tipos penales del capítulo general del Código Penal conocido como delitos de defraudaciones.

Independientemente de la prudencia que impone como es natural el derecho a la presunción de inocencia y con pleno respeto a ese principio, el personal, es decir, los electores y los contribuyentes, tienen derecho no obstante a conocer y valorar lo que, tras seis años de larga instrucción, un juez independiente ha apreciado indiciariamente como conductas susceptibles de reproche penal. Y mucho más si las personas que son objeto de ese reproche y por el que pueden sentarse en el banquillo y ser juzgados, han sido un buen grupo de cargos electos, autoridades y responsables políticos, que durante el periodo de tiempo que va de 2008 a 2012 desencadenaron una serie de actuaciones que han dado con la quiebra de una sociedad, numerosos perjudicados y un formidable agujero patrimonial al Ayuntamiento.

Y es que, ciertamente, para acometer esta actuación urbanística montaron una sociedad puramente instrumental (carecía de empleados) pero con el solo objeto de ejercer a través de ella y con el pretexto de entidad mercantil privada y por lo mismo no sujeta a la fiscalización pública, una oscura y opaca administración paralela en la que no podía meter las narices nadie ajeno al estrecho núcleo duro de cargos del equipo de gobierno de entonces, algunos de los cuales pueden verse en la foto de arriba.

Las resoluciones judiciales que hoy se van conociendo no es otra cosa que el previsible final de la escapada de sus protagonistas, pues no otra cosa fue la absurda y permanente huida hacia adelante de administradores, asesores y gerentes de PESF. Todo acabó estrepitosamente con un montón de deudas acumuladas (un pasivo de 94 millones de euros), y con un conjunto de sorprendentes desvíos de dinero (cerca de 20 millones de euros) para operaciones que nada tenían que ver con el objeto social para el que se constituyó la sociedad mixta. Y, desgraciadamente, con un buen número de víctimas y perjudicados.

Su comportamiento, además de temerario fue también arrogante y soberbio porque se pensaron que la mayoría de sus votos les garantizaba su propia impunidad. No quisieron escuchar a nadie; al contrario, se dedicaron a denostar y denigrar a quienes, como en nuestro caso, denunciábamos ya muy tempranamente (año 2011) y advertíamos que aquello iba a acabar muy mal, porque se estaba llevando a cabo una actuación precedida de innumerables irregularidades acompañada de la más absoluta opacidad. 

Y así ocurrió y las diferentes causas judiciales lo viene a corroborar al menos indiciariamente: que la temeraria gestión de estos políticos metidos a promotores inmobiliarios sin tener ni pajolera de idea del asunto y al amparo de esa falta absoluta de transparencia, se aplicaron a secuestrar toda la información sobre PESF incluso la que estaban obligados a publicar (caso por ejemplo de las cuentas anuales), para hacer literalmente lo que les dio la gana. 

El final de escapada de esta alocada y suicida huida hacia adelante que puede dar con sus huesos en el banquillo, ha provocado también un formidable agujero patrimonial al propio Ayuntamiento y ha dejado multitud de perjudicados.