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Opinión : La Izquierda Obsecuente (II) Asociación El Molino de San Fernando.
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Opinión : La Izquierda Obsecuente (II) Asociación El Molino de San Fernando.

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La Asociación Cívico-cultural el Molino, inicia 2019 con un interesante artículo, en el que analizan la situación política actual y sus posibles similitudes con el pasado reciente. Por su interés, pasamos a reproducir en su totalidad el contenido del mismo:

“LA IZQUIERDA OBSECUENTE (II)”

“No es la primera vez que los nacionalistas separatistas proclaman la independencia o el Estado catalán. El 6 de octubre de 1934 lo hizo Campanys (ERC) desde el balcón de la Generalitat, aprovechando el caos y la huelga convocada por el PSOE contra el entonces gobierno de la derecha y que acabó con la insurrección en Asturias. Intervino el ejército y hubo enfrentamientos y muertos. Luego graves condenas. Los cabecillas políticos que proclamaron la independencia, lo fueron con condenas de treinta años bajo leyes republicanas. Pero…

El 16 de febrero de 1936 se celebraron elecciones generales tras la disolución de las Cortes por el presidente de la República Alcalá Zamora, que no estuvieron exentas de numerosas irregularidades y cuyos resultados aún hoy día son objeto de polémica. Las ganó el Frente Popular constituido por el PSOE, Izquierda Republicana, PCE y quince partidos más, y en Cataluña, donde no se presentó, lo hizo ERC con otros cinco partidos más. Ambos llevaban en su programa la amnistía para todos los condenados tanto por la insurección de Asturias como en Cataluña. El entonces presidente del gobierno Portela Valladares huyó del cargo y presentó su dimisión al presidente de la República Alcalá Zamora al conocerse los primeros resultados, y éste, desbordado por la situación, se apresuró a nombrar nuevo presidente a Manuel Azaña, cabeza de lista del Frente Popular. Quien con urgencia y al día siguiente, nombró y reunió al nuevo gobierno con objeto de adoptar el primer acuerdo: decretar la amnistía para los implicados en los hechos de Asturias y Cataluña, así como para concejales y alcaldes del País Vasco. Es decir, se autoamnistiaron. El artículo 102 de la constitución republicana establecía que las amnistías solo las podía acordar las Cortes, pero lo hizo el Gobierno y en funciones sin competencia y fuero para ello. Ni siquiera se había celebrado la segunda vuelta ni por lo tanto se habían constituido aún las nuevas Cortes.

DEMOCRACIA E IMPUNIDAD

No sé entiende bien de dónde viene la recurrente obsequiosidad de la izquierda española para con los nacionalistas vascos y catalanes, y muy singularmente con los nacionalistas separatistas. Básicamente representan unos valores políticos incompatibles totalmente con los que se supone debe defender la izquierda. Por si fuera poco, mantienen fueros fiscales insolidarios y otros privilegios casi feudales. Así, mientras los nacionalistas secesionistas representan políticamente lo más reaccionario, insolidario y desleal, ello no impide la rendida pleitesía que para con ellos mantienen tanto el PSOE como Podemos o sus respectivas versiones catalanas.   La patética excursión de Pablo Iglesias a las cárceles donde se hallan presos los responsables del gobierno catalán, mendicando el apoyo a los presupuestos del gobierno Sánchez, ha servido para que Frutos, en otros tiempos Secretario General del PCE y por lo mismo nada sospechoso de derechista, lo calificara como el zascandil de los separatistas. No es descabellado tampoco compararlo con el ministro monárquico Sánchez Guerra, que en 1930 visitara a los presos de la cárcel Modelo por el intento golpista de octubre del mismo año, ofreciéndoles formar gobierno.

Aunque no lo parezca, el intento de los golpistas separatistas de 2017 guarda curiosas y claras concomitancias con la intentona de octubre de 1934. Entonces el pretexto compartido con toda la izquierda era evitar el acceso de la CEDA al gobierno que en 1933 había ganado las elecciones. El veto pues a Gil Robles era el leitmotiv. Para los gobernantes catalanes de ERC (que años antes habían conseguido obtener el Estatuto de autonomía arrancado como promesa a Maciá en 1931 por Alcalá Zamora, a cambio de que retirara el 14 de abril un intento de proclamación de independencia también), el caso tenía un pretexto más: una sentencia desfavorable del Tribunal de Garantías (equivalente al Constitucional actual) sobre la ley catalana de cultivos. Ya entonces demostraban tener poco respeto por las reglas de juego y sobre todo por acatar las resoluciones de los tribunales que no les favorecían. ¿No suena esto a lo mismo que sucedió con la sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatuto?  La diferencia fue la reacción del Gobierno que entonces presidía el radical Lerroux, quien con ochenta y cuatro años y, según Alcalá Zamora, por su propia indicación, se dirigió a la nación por radio en un sereno pero vibrante discurso y tras proclamar el estado de guerra, fueron reducidos los cabecillas catalanes. Luego suspendieron también el Estatuto de autonomía. Y la insurrección de Asturias, que tardó algunos días más en ser sofocada y se saldó también con muertos y presos. Actuó rápido la justicia militar de acuerdo con la legislación republicana, y en muy pocas semanas hubo sumarias condenas. En unos casos a muerte y en otras a treinta años.

Por no faltar no faltaron los fugados de la justicia, como el caso del ex ministro socialista) Indalecio Prieto quien, informado del fracaso de la huelga y la inminente actuación de la policía, huyó en el maletero de un coche (no era la primera vez que lo hacía así el ex ministro, lo que le valió la definición de su encarnizado enemigo correligionario Largo Caballero como “experto en fugas”), primero a Francia y posteriormente, cómo no, a Bélgica. Hasta en esto se parecen aquellos acontecimientos y los de ahora.    La actitud firme y rápida del gobierno de Lerroux  le granjeó inicialmente gran popularidad y apoyo ciudadano y político, mostrado pocos días después en su comparecencia en la Cortes.

Pero, una vez más el país sufría una gravísima crisis política que, lejos de estar conjurada, trajo más tarde no menos graves secuelas. Una de ellas fue, precisamente, la de los indultos de los condenados que el mismo gobierno tuvo que afrontar. Las intrigas del presidente de la República y su presión sobre el propio gobierno (al que asistía entonces siempre el presidente y que se celebraban en el Palacio Nacional), fueron debilitando y enfrentando posiciones entre los radicales y los cedistas, y dejando profundamente dividida e irreconciliable la coalición.  Pesaban sobre Lerroux, además del indulto a San Jurjo, oscuro empeño personal de D. Alejandro acordado apenas tomaron posesión en 1933 tras las elecciones, las incesantes presiones de D. Niceto.

Acabaron pues los miembros de aquel gobierno enfangados en divisiones y enfrentamientos por esta causa, pero finalmente conmutaron penas y aliviaron condenas como quería y deseaba el presidente de la República. Pero las sucesivas crisis de este gobierno coaligado que gozaba de mayoría, quebró luego con el escándalo del estraperlo hábilmente utilizado por Prieto desde Bélgica (¡cómo se parece todo!), y por el propio presidente de la República quien a finales ya de 1935 hizo crisis, disolvió anticipadamente las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936.   Poco podía sospechar D. Niceto, que aquella disolución sería luego su propia sentencia de muerte como presidente de la República, pues los diputados de la nueva mayoría del Frente Popular, acogidos ya a la aministía dictada por el gobierno de Azaña al día siguiente de quedar constituido, se afanaron en promover con toda la urgencia también su destitución por haber disuelto las Cortes más de dos veces en una legislatura. Algo que prohibía la propia Constitución.

Vino pues Niceto Alcalá Zamora, quien se consideraba a sí mismo como la encarnación viva de la República, a probar la amarga realidad: que la mayoría del aquel congreso salido de unas elecciones anticipadas por él mismo, no quería que siguiera como presidente añadiendo así una crisis más y el inicio de una carrera enloquecida y suicida ya incontrolada e incontrolable hacia el precipicio. Y fue destituido pues por muy amplia mayoría de izquierdas y derechas.

¿COMETEREMOS LOS MISMOS ERRORES?

Como se dice, no se explica bien la condescendencia de la izquierda para con unos políticos separatistas dispuesto a romper la convivencia, cometiendo delitos tan graves contra la Constitución como el de rebelión, con penas de 15 a 25 años de prisión. Y muy particularmente las que les prodiga el PSOE. El actual despliegue interesado de gestos y decisiones a cambio de obtener su apoyo en la Cortes Generales, propiciados por los gobernantes socialistas para con los responsables de las dos formaciones catalanas ya abiertamente separatistas, ronda la humillación más ridícula (por no decir algo más grave), cuando, lejos de acceder a mantener su lealtad constitucional, reniegan de la misma, la atacan, la menosprecian o la incumplen sistemáticamente, a pesar de no dejar de utilizarla en provecho propio cuando les conviene.

Esta ya larga conducta desleal no es sino contestada por los responsables socialistas con nuevos ofrecimientos que, bajo la apariencia bienintencionada de satisfacer demandas políticas para convencer a los secesionistas, el efecto es sin embargo todo lo contrario: más privilegios y sobre todo más elementos para estimular la presión sobre el propio gobierno central, cuya debilidad parlamentaria explotan  como la han explotado con descarada continuidad, tanto ahora con el PSOE como antes con el PP.

LA IMPUNIDAD QUE NOS VIENE. 

El acceso de Pedro Sánchez a la presidencia mediante la votación de la moción de censura por los nacionalistas separatistas, no es un gesto magnánimo de éstos para con el PSOE en aras de la limpieza de la corrupción del PP, sobre todo si observamos los aberrantes casos corruptos que exhiben los propios promotores de la moción. La cuestión es, por el contrario, cómo obtener más ventajas manteniendo en el poder un gobierno con solo 84 diputados de 350, rehén de sus propios intereses y prolongarlo todo lo posible. Y ello, muy especialmente, hasta después de que sean conocidas las sentencias de la sala segunda del Tribunal Supremo que ha de juzgar a los cabecillas del gobierno catalán de ERC y de PdeCAT en las próximas semanas.

La Constitución Española de 1978, a diferencia de la republicana de 1931, no contempla la amnistía (regulada sin embargo por una Ley de 1977, es decir, anterior a la CE), sino otras medidas de gracia como el indulto que corresponde aprobar al Gobierno y sancionar precisamente el Rey. El artículo 62 de la CE advierte que no caben indultos generales no obstante. En este caso pues basta con el indulto personal a los cabecillas golpistas presos si son condenados, a la sola voluntad discrecional del propio Gobierno.

El repetido interés del presidente Sánchez en agotar el mandato legislativo hasta 2020, no es contrario ni mucho menos al interés también de los nacionalistas separatistas, cuyo calculado apoyo a la moción de censura no le va a salir al PSOE gratis obviamente.

Vamos a asistir pues en los próximos meses a todo tipo de presiones contra el poder judicial y, particularmente, contra el tribunal que ha de juzgar a los delincuentes políticos que intentaron asaltar la Constitución incurriendo en infracciones penales muy graves. Y a un rosario de condescendientes ofrecimientos por parte del gobierno para obtener, además, sus favores en votaciones y presupuestos. El resultado pues será toda una carrera contra el tiempo en la que participarán de la mano el gobierno y los grupos que lo apoyaron en la moción de censura, con la vista puesta pues en el calendario y las sentencia firmes del Supremo, y con acuerdos tácitos pactados que no harán nunca públicos.

El fantasma pues de la amnistía encubierta ahora con indultos, es decir, de la impunidad, deja en manos de Sánchez la oportunidad de cometer de nuevo un lamentable error que, lejos de ofrecer garantías en la lealtad mínima exigible a los separatistas, se verán estimulados porque en nuestro devenir histórico, como ya ocurriera en el 36, queda demostrado que este tipo de gravísima delincuencia política siempre encontrará en el camino un PSOE (y no digamos un PODEMOS), dispuesto a amnistiarlos. Es decir, a ser cómplices una vez más de la más grave impunidad.

No es pues nada halagüeña la encrucijada histórica en que nos encontramos, y en la que nos han puesto unos separatistas enloquecidos o envalentonados porque han advertido la debilidad del Estado, y un gobierno entreguista. Pero, desde luego es absolutamente inadmisible deteriorar más esa misma debilidad hasta humillarlo, haciendo dejación de sus responsabilidades y la desoladora sensación en nuestra historia viva y presente, de que, una vez más, la delincuencia política ligada al nacionalismos secesionista, habrá ganado la batalla porque el Estado y singularmente la izquierda, no sabe asumir otro papel que no sea el de mamporreros obsecuentes y cómplices de sus crímenes contra la Constitución, en lugar de defenderla como es su obligación. Es la maldición histórica de una izquierda irresponsable y frenopática, que prefiere blanquear a los enemigos de la Constitución mediante pactos no escritos pero ciertos, a cambio del usufructo del poder. Los próximos meses nos lo demostrarán así desgraciadamente. Por eso, ¿Quo vadis PSOE?”

(PRÓXIMO) LOS MÁS GRAVES ERRORES DE IMPUNIDAD DE LA DELINCUENCIA POLÍTICA (O POR QUÉ LA IZQUIERDA NO APRENDE)

(+Info:): ASOCIACIÓN CÍVICO CULTURAL EL MOLINO DE SAN FERNANDO- Nº REG. CAM 15.548

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