
OPINIÓN:La Asocición Cívico Cultural El Molino, en la última publicación de su blog, realizan un amplio e interesante análisis de los hechos acaecidos en España
EL SIGLO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE (I)
Este es más o menos el triste y lamentable balance de situaciones límite que hemos vivido los españoles desde los comienzos del siglo diecinueve hasta finales del veinte. Si embargo, este siglo XXI, que comenzó en 2001 en el mundo con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y con más de 3.000 víctimas, va camino de batir el récord en calamidades y catástrofes. Veamos algunas de las más desgraciadas que hemos padecido los españoles por enumerarlas atendiendo al hecho de que no todas ellas han sido o son solo por causas accidentales o inevitables.
Entre otras consecuencias, este atentado tuvo efectos sobre el resultado electoral celebrado tres días más tarde con un vuelco respecto de las encuestas publicadas entonces, siendo ése uno de los objetivos que perseguían sus autores.
En España, esta debacle tuvo como consecuencia directa el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se vivía desde varios años antes, con quiebras también de buena parte del sistema financiero (sobre todo las Cajas de Ahorro que literalmente desaparecieron casi todas), y con cierres y quiebras de empresas y aumento rápido del desempleo hasta alcanzar el 26 % de la población activa entre 2008 y 2012 (seis millones de parados) desde el 7 % en 2007.
EL ENTONCES PRESIDENTE ZAPATERO ANUNCIANDO UN DURO AJUSTE (AQUÍ EMPEZARON LOS RECORTES) PROVOCADO POR UN DESEQUILIBRIO FISCAL (CAÍDA DE INGRESOS POR PRESUPUESTOS MUY DEPENDIENTES DEL SECTOR INMOBILIARIO PRECISAMENTE) DE MÁS DE 10 PUNTOS. ERA, COMO SE DICE, EL RECONOCIMIENTO PALMARIO DEL PINCHAZO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA DE LA QUE HABÍA VIVIDO LA CORPORACIÓN POLÍTICA Y SINGULARMENTE EL GOBIERNO DURANTE MUCHOS AÑOS IRRESPONSABLEMENTE.
UN AÑO MÁS TARDE FUERON CONVOCADAS ELECCIONES QUE EL PSOE PERDIÓ ESTREPITOSAMENTE. Y ES QUE, MUCHOS DE SUS VOTANTES, FUERON PRECISAMENTE LAS PRIMERAS VICTIMAS DE ESTE GRAN CRASH QUE EL GOBIERNO NI SUPO NI QUISO RECONOCER DURANTE LARGO TIEMPO. TODO SE PRECIPITÓ DESDE ENTONCES Y CUANDO YA NO HABÍA FORMA ALGUNA DE RECONDUCIR LA CRISIS O AL MENOS MITIGARLA. ENTONCES, AL IGUAL QUE AHORA, SOLO SE TOMARON MEDIDAS CUANDO YA TODO ERA IRREMEDIABLE.
Una de las consecuencias de la crisis económica aparte del drama del paro y la ruina de muchas empresas de la que aún hoy padecemos sus consecuencias, fue la más grave crisis política iniciada por los nacionalistas catalanes aprovechando precisamente la coyuntura más débil del Estado, y que con la más desleal e inoportuna intencionalidad iniciaron un camino de no retorno desentendiéndose insolidariamente del formidable problema económico al que se enfrentaba el país, declarando incluso la independencia unilateral y convocando un referéndum ilegal en octubre de 2017 (previamente, en 2009, intentaron otro también), poniendo al gobierno de Rajoy y a todo el Estado contra las cuerdas justo en el momento político más complicado.
Y así, desobedeciendo a los tribunales, violando la legalidad constitucional y todos los llamamientos a la sensatez por parte de mundo empresarial y político, y por supuesto ignorando también al Congreso de los Diputados y arrogándose para sí una soberanía que ninguna disposición y menos la Constitución les reconoce, iniciaron el camino de la rebelión y el secesionismo insolidario y egoísta. Y en ello andan todavía.
Esta gravísima crisis institucional perpetrada por quienes precisamente están obligados a guardar y hacer guardar la legalidad y la Constitución, tiene a todos sus autores convictos con sentencias firmes muy graves del Tribunal Supremo o fugados de la Justicia. Pero, sin embargo, en un bucle ya histórico por repetido en otras etapas críticas de nuestras penalidades políticas como pueblo, nos vemos con la afrenta de que apenas con un año del cumplimiento de esas penas ya están en régimen de prácticamente semilibertad. Y, lo más insólito: que de estos delincuentes de la política (convictos o huidos) depende precisamente la estabilidad del gobierno actual. Algo que añade un inquietante grado de irresponsabilidad política con riesgo de un suicidio institucional total, además de un esperpento más a lo anómalo de la situación política que venimos soportando en los últimos años.
Hoy se funciona con la prórroga de los presupuestos del gobierno de Rajoy de 2018 y SÁNCHEZ, que presentó su propio presupuesto en febrero de 2019, sin embargo sus socios de la moción se los tiraron abajo. Lo cual le obligó a convocar elecciones que se celebraron en abril del mismo año apenas un mes antes de las municipales. Y aunque ganó las elecciones pasando del 24 % anterior al 28 %, con solo 120 escaños intentó la investidura sin lograrla de nuevo viéndose obligado a convocar elecciones para noviembre del mismo año 2019. Con el resultado conocido: menos votos y menos escaños. Se han perdido así casi dos años con gobiernos en funciones, tres legislaturas distintas agotadas y nula actividad legislativa. La paralización más letal que ha conocido nuestra democracia.
Ante estas circunstancias, el PSOE, cuya vida orgánica ha desaparecido totalmente habiéndose convertido en un simple espectro que solo aplaude a un líder sin más plan que su propia supervivencia, Pedro SÁNCHEZ optó por formar un gobierno de coalición con PODEMOS y Pablo IGLESIAS renegando así de sus propias promesas electorales una vez más y adentrándose por primera vez en nuestra democracia en un experimento que, en palabras del propio SÁNCHEZ, consiste en tener un gobierno dentro del gobierno, lo cual, siempre según él mismo, no le dejaría dormir. Más o menos como el caso italiano del M5S y la LIGA.
Era el remedio de la impotencia; la solución final acordada de forma precipitada sin haber adoptado antes otras medidas elementales como obtener el material sanitario más elemental y necesario con que al menos blindar a nuestros profesionales de la salud, y no en las lamentables situaciones que viven y han tenido que vivir en la primera trinchera de la pandemia. Por no hablar de respiradores y medicamentos para muchos de los enfermos que mueren en la más absoluta soledad apartados y aislados de familiares que ni siquiera pueden darle el último adiós. Y ello además con un sistema sanitario repartido en otras diecisiete administraciones cada una de su color político.
Es la improvisación y el caos hecho consejo de ministros (nada menos que 22, que se dice pronto), para una crisis que no quisieron controlar inicialmente por cálculo político, y que ahora pretenden hacerlo con medidas improvisadas y drásticas porque ya no hay otro medio de controlar la desoladora crónica de muerte y enfermedad que arrasa nuestra país irremediablemente.
El asunto no es baladí pues no hace falta ser un experto en derecho constitucional, para advertir que resulta absolutamente incomprensible que determinados derechos fundamentales puedan ser arrumbados o directamente suprimidos mediante decretos gubernamentales. Estamos pues viviendo un estado de excepción más que un estado de alarma.
Pero esta nueva situación, cuya justificación en el nuevo acuerdo del gobierno se basa en el fracaso de las primeras medidas precisamente, y con la inclusión del despliegue del ejército para realizar tareas de orden público en algunos casos, pone en evidencia la deriva de estas medidas hacia más bien el estado de excepción que de alarma.
Una de las cuestiones más evidentes de la improvisación autoritaria de estas medidas lo constituye su régimen sancionador, en el que el decreto gubernamental no entra sino para remitir a «otras leyes». Es decir, que si un ciudadano se salta esas normas puede ser sancionado. Pero todo régimen sancionador requiere una ley, una casuística y una descripción de la pena o el castigo de los que el decreto carece porque remite a «otras leyes aplicables», o a la propia Ley 4/1981 que no tiene previsto régimen sancionador alguno salvo su artículo 10, que sin embargo a su vez remite a otras leyes aplicables también pero desconocidas.
Con el Congreso prácticamente cerrado y el poder judicial con sus funciones inhabilitadas salvo los de guardia penales, y la oposición recluida cuando no directamente contagiada, los atropellos precipitados perpetrados por el gobierno de derechos esenciales indisponibles proliferan y se expanden como el virus con amenazas sobre derechos ciudadanos e incluso patrimoniales. Y son de tal magnitud que en los próximos años, si finalmente alguna vez llegamos a alguna situación parecida a la normalidad, desencadenará reclamaciones patrimoniales que durarán varios quinquenios.
Este es sin duda el siglo que vivimos peligrosamente y seguramente nos lo hemos ganado a pulso aunque cabe preguntarse también qué hemos hecho para merecer todo esto. Y es que, sin duda alguna, en muchas de estas calamidades hay un elemento común en todas ellas muy nítido: el factor político. Y ahí reside nuestra colectiva complicidad dolosa.
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