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Opinión:  “El Siglo que vivimos Peligrosamente (II)”de la Asociación C.C. El Molino.
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Opinión: “El Siglo que vivimos Peligrosamente (II)”de la Asociación C.C. El Molino.

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Opinión .- Segunda parte  de “El siglo que vivimos Peligrosamente (II)” publicada  en el blog de  la Asociación Civico Cultural El Molino de San Fernando, y por el interés que despiertan estas publicaciones entre  nuestros seguidores, les ofrecemos integramente a continuación: 

EL SIGLO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE (II)

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ ES AGASAJADO POR TODO EL GRUPO DE DIRIGENTES DE LA UTECA, LA ASOCIACIÓN DE TELEVISIONES PRIVADAS QUE AHORA SE VEN COMPENSADAS CON UNA DADIVOSA “AYUDA” GUBERNAMENTAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19.
 
 
O POR QUÉ EL GOBIERNO LE PAGA EL DIVIDENDO A BERLUSCONI
***

En uno de los últimos decretos ley dictado por el gobierno el pasado día 31 de marzo (apenas dos semanas después del anterior), “de medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID – 19”, aparece una medida curiosa que llama la atención por su destinatarios: la ayuda de 15 millones a las operadoras de televisión privadas para “compensar una parte de los costes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de la televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal”.

Esta generosa ayuda a las televisiones privadas se justifica en el decreto por la caída de la contratación de la publicidad en un periodo en el que, paradógicamente y por los efectos de confinamiento de todos los ciudadanos, se ha visto incrementado considerablemente el consumo de horas de televisión. Se añade además, que la ayuda en realidad se articula como “compensación” por el “esfuerzo” que las cadenas de ámbito nacional tienen que soportar para cubrir zonas despobladas mediante el despliegue de la cobertura de la TDT. 

Es preciso frotarse los ojos para asimilar esta falsa medida contra el COVID – 19 (¡qué tendrá que ver la cobertura de la TDT con la epidemia!), y no explicarla como una medida enmascarada entre toda la inmensa maraña de medidas económicas y “sociales”, para ganarse el favor de las cadenas televisivas privadas en relación con la gestión de la crisis por el gobierno, que realmente como algo que vaya a contribuir a contener o mitigar la pandemia.

Pero es que, además, resulta insultante el agravio que se produce, pues hace mucho tiempo que sabemos que el servicio nacional de Correos, por poner un ejemplo, no despacha la correspondencia en lugares despoblados a pesar de ser un servicio público teniendo que desplazarse los ciudadanos a los centros o núcleos urbanos para recoger sus cartas o paquetes. O que los bancos, otros servicio público esencial, han cerrado un montón de oficinas en las mismas zonas despobladas. Por no hablar de las compañías eléctricas, de telefonía o de gas, que tampoco suministran su servicio o se niegan a ampliarlo si se necesitan nuevas instalaciones en zonas rurales alejadas de los núcleos de población, si no se lo pagan de su bolsillo los consumidores y usuarios. 

¿Qué razón hay pues para que un gobierno riegue con “ayudas” económicas a empresas audiovisuales con formidables beneficios producto de un mercado publicitario cautivo, y que además cotizan en bolsa, y no lo haga a bancos, eléctricas y telefónicas? Pues eso, razones de pura conveniencia política gubernamental.

Según la exposición de motivos del decreto (más de 17 páginas nada menos para motivar tan excepcional norma legal), el gobierno aduce que lo que prestan las teles privadas es un “servicio esencial” (ver el decreto). Y, la verdad es que como decimos hay que frotarse los ojos para encontrar alguna justificación para esta ayuda a las empresas privadas de televisión en el contexto del decreto que lo dispone y, más concretamente, repreguntarse: ¿qué tendrá que ver la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID 19 con la televisión; y más particularmente con las televisiones privadas cuyas dos grandes cadenas se reparten jugosos dividendos cada año?
 
El gobierno viene ejerciendo sus funciones en modo de excepción con unos poderes excepcionales también y mediante el recurso a los decretos ley. Pero con los ciudadanos recluidos y confinados, la oposición en cuarentena, el Congreso cerrado prácticamente y el Poder judicial hibernado, lo único que le quedaría como reducto incontrolado sería la prensa y en particular la televisión que es el medio a través del cual se informa el 80 % de la población española. 
 
Tan formidables facultades excepcionales y con los contrapoderes fuera de combate, le sirve al poder ejecutivo de pretexto para meter gato por liebre a mansalva decreto tras decreto sin control alguno. Y que, para más desconcierto, modifican gran número de leyes en aspectos constitucionalmente esenciales (por ejemplo, han suprimido el derecho de consulta y los trámites de información pública, algo que, en condiciones normales, sería motivo de nulidad absoluta), para meter de matute medidas como esta que, sinceramente, huele a estipendio gracioso para ganarse la benevolencia del medio televisivo a través del cual se informan la mayoría de los españoles: la televisión, y más en particular, las televisiones privadas puesto que la oficial RTVE ya la tiene bien controlada.
 
Sin embargo, independientemente de otras consideraciones, resulta que el gobierno se apresta a ayudar a un sector que funciona prácticamente en régimen de oligopolio puesto que sus dos empresas audiovisuales más importantes, Mediaset (Tele 5 y Cuatro entre otras), y Atresmedia (Antena 3 y La Sexta y otras), acaparan el 84 % del mercado publicitario a pesar de tener solamente el 40 % de la audiencia. Y lo hacen invocando un supuesto desequilibrio en su cuenta de explotación por tener que dar cobertura obligatoria de la TDT en zonas escasamente pobladas. Algo que ya reclamaba la UTECA antes incluso de la pandemia y que el gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha accedido a anticiparles esta ayuda inmoral (y probablemente ilegal) se mire por donde se mire.
 
Veamos pues por qué nos parece inmoral que se ayude a estas empresas con este dinero público, siendo como son titulares de licencias administrativas y por lo tanto concesionarios a su riesgo y ventura como otros muchos sectores de interés público (telefonía, electricidad, autovías, etc.), y, además, las dos principales compañías que acaparan casi el 85 % del mercado publicitario cotizan en bolsa, con lo cual se alteran obviamente las condiciones del mercado con respecto de otras empresas que, al igual que estas del oligopolio audiovisual, también cotizan en el mercado.
 
LA TELEBASURA, ¡QUÉ GRAN NEGOCIO!
EL GOBIERNO CONSIDERA QUE ESTO DE ARRIBA ES UN “SERVICIO ESENCIAL”
 
El panorama audiovisual español es muy peculiar tanto en su modelo de negocio como por lo que se refiere a su propia evolución accionarial desde su implantación en los años ochenta, que ha degenerado en que en la actualidad ha quedado recudido a nivel nacional prácticamente a un oligopolio formado por solo dos grupos mediáticos: Mediaset España y Atresmedia. La primera en manos del magnate italiano Burlusconi y la segunda en manos de un conglomerado de inversores como el Grupo Planeta y Agostini (50 % italiano también), así como la alemana RTL. Ambas sociedades cotizan en bolsa donde tienen el 49 % de su capital flotante. 
 
Hace algunos años, la francesa Vivendi entró no obstante en el accionariado de Mediaset comprando directamente participaciones societarias en bolsa llegando a ser tenedora de un buen paquete accionarial, tanto de Mediaset Italia como de Mediaset España. Los muy recientes planes de Burlusconi para fusionar ambas sociedades en una sola con sede en Holanda y domicilio fiscal en Italia, han encontrado la firme oposición del grupo mediático francés que vería así diluida su participación accionarial en el nuevo holding, presentando demandas en todos los tribunales mercantiles tanto españoles como italianos e incluso comunitarios. Las espadas están en alto pues, no obstante lo cual, en octubre del año pasado la Junta de Accionistas de Mediaset acordó la fusión de ambas sociedades y su localización social en Holanda con la oposición del 26 % propiedad de Vivendi. Es decir, Mediaset España desaparece y se residenciará en los Países Bajos, una especie de paraíso fiscal en el UE.
 
Por su parte, en Atresmedia abandonó sus posiciones el grupo Mediapró (propiedad del controvertido empresario catalán Roures próximo a los independentistas, y titular a su vez de buena parte de los derechos nacionales e internacionales del fútbol), mediante la venta de su participación a través de Imagina constituida a su vez por un conglomerado de inversores que van desde fondos de inversión radicados en Hong Kong al tiburón financiero Soros pasando por el Grupo Torreal (con importantes propiedades e intereses en San Fernando de Henares por cierto) del millonario Juan Abelló. El grupo Mediapró, accionista de referencia de la Sexta antes de ser absorbida por Antena 3, se ha visto sin embargo envuelto no solo en la lucha a muerte con el grupo Prisa a costa de lo que se conoce como la guerra por los derechos del fútbol, sino en graves procedimientos judiciales a instancia de la fiscalía de Nueva York por sobornos a ejecutivos de la FIFA. 
 
Las cadenas de televisión funcionan bajo licencia administrativa del Gobierno lo que le permite a éste buenos ingresos por el canon de la concesión . En otras palabras, son un servicio público porque el espectro a través del que emiten se considera de titularidad pública, y por lo tanto su explotación requiere autorización del gobierno en forma de concesión. 

Fue a mediados de los ochenta bajo el gobierno socialista de Felipe González cuando se llevó a cabo el concurso para la explotación de tres canales de televisión privada: dos en abierto y uno en cerrado. Y las condiciones establecidas en el pliego del concurso imponía un límite a la participación de los grupos inversores: ninguno de ellos podía superar el 25 % del accionariado. Esto obligó a los inversores extranjeros a buscar socios financieros españoles. Sin embargo, durante el gobierno de Aznar ese tope fue suprimido cediendo así a las presiones de los inversores extranjeros especialmente de Berlusconi, con quien luego trabó una gran amistad.
 
Por su parte, durante la etapa del presidente Zapatero el gobierno se sacó de la manga una nueva concesión para la explotación de un canal predestinado a un grupo de amigos, organizando un concurso que se llevó, como estaba previsto, el grupo de lo que era La Sexta y cuyo socio de referencia era precisamente Mediapró. La puesta en marcha de este cuarto canal fue justificado por el gobierno de Zapatero en razón de la necesidad de “pluralismo político”, y resultó ser luego el mismo pretexto del “pluralismo político” para justificar lo contrario: su concentración.

Tardaron poco todos los grupos audiovisuales en darse cuenta de que la tarta publicitaria no daba para tantos canales puesto que se trata de un modelo de negocio totalmente dependiente de la contratación de la publicidad que, además, entonces tenían como competidora a RTVE. De forma que con Zapatero en el gobierno todavía, concertaron un plan para obtener la casi total concentración del mercado publicitario en manos de los dos grupos actuales eliminando de paso la competencia de la televisión pública. 

El plan consistió pues en hacerse cargo de las otras dos cadenas, la Cuatro del grupo Prisa y la Sexta con graves problemas financieros ambas, a cambio de suprimir la publicidad de RTVE y, al mismo tiempo, financiar también al sector del cine mediante un cupo anual obligatorio  de películas españolas. Cuatro se fusionó con Mediaset (en realidad fue absorbida por ésta) y el acuerdo fue relativamente fácil a cambio de un paquete accionarial en favor de Prisa que sin embargo pronto vendió a Mediaset después, y cuyo acuerdo fue finalmente bendecido por el propio gobierno de Zapatero. Sin embargo, más problemática fue la fusión de Antena 3 con la Sexta y no solo por un problema de valoración de activos y del intercambio de acciones, sino también de blindaje de la línea editorial de la cadena. El acuerdo de esta operación se vino a realizar sin embargo ya con el gobierno de Rajoy, quien lo autorizó a pesar de las numerosas objeciones y cautelas denunciadas por la CNMC.
Así se consumó pues lo que hoy es el status quo: el funcionamiento de un duopolio televisivo (Mediaset y Atresmedia) y con casi todo el mercado publicitario cautivo del que, además, depende también la financiación de RTVE e incluso del cine español, y con la bendición de la corporación política.
 
Y EL RESULTADO SEGÚN LOS INFORMES DE LAS PROPIAS AGENCIAS PUBLICITARIAS DE ESE STATUS QUO ES ESTE DE ARRIBA: LAS TELEVISIONES PRIVADAS Y MÁS CONCRETAMENTE LOS DOS GRUPOS DE MEDIASET Y ATRESMEDIA ACAPARAN EL 84 % DEL MERCADO PUBLICITARIO ESPAÑOL; EL 88 % SI SE COMPUTAN SOLO LOS CANALES EN ABIERTO.
 
EL MERCADO PUBLICITARIO CAUTIVO Y EL GRAN NEGOCIO DE LA TELEBASURA
MEDISAET ESPAÑA OBTUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DURANTE EL EJERCICIO DE 2018 DE 175 MILLONES, DE LOS CUALES DESTINÓ A DIVIDENDO NADA MENOS QUE 100 MILLONES DE EUROS. TENIENDO PRESENTE A SU VEZ OTROS DIVIDENDOS A CUENTA COBRADOS, BERLUSCONI, QUE CONTROLA EL 51 % DEL PAQUETE ACCIONARIAL SE EMBOLSÓ EN 2019 MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS QUE REPATRIÓ A ITALIA QUE ES DONDE MEDIASET TENÍA RADICADO SU DOMICILIO FISCAL. POR SU PARTE, LA CIFRA NETA DE NEGOCIO POR FACTURACIÓN POR PUBLICIDAD (PRÁCTICAMENTE EL ÚNICO RUBRO DE INGRESOS DEL GRUPO) SUPUSO PARA MEDIASET 777 MILLONES DE EUROS, Y SU CAPITALIZACIÓN BURSATIL EN DICHO EJERCICIO ERA DE 1.800 MILLONES DE EUROS. UNA BUENA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA TELEBASURA RESULTA SER UN MUY BUEN  NEGOCIO EN ESPAÑA.
POR SU PARTE, EL GRUPO ATRESMEDIA, QUE EXPLOTA LOS CANALES DE ANTENA 3 Y LA SEXTA ENTRE OTROS, OBTUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DURANTE EL AÑO 2019 (MUY RECIENTEMENTE APROBADOS SUS BALANCES) TAMBIÉN POSITIVO DE 103 MILLONES DE EUROS, Y CON UNA CIFRA NEGOCIOS MUY PARECIDO AL DE MEDIASET DE 773 MILLONES DE EUROS POR CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. ES DECIR, LOS ACCIONISTAS DE ATRESMEDIA ACABAN DE EMBOLSARSE 103 MILLONES EN DIVIDENDOS.
 
POLÍTICA Y TELEVISIÓN: FAVORES QUE SIEMPRE SE COBRAN
Silvio BERLUSCONI es el magnate italiano que controla varios canales de televisión privada en Italia a través de Mediaset Italia, propietario también del equipo de fútbol Milán y, desde los años noventa, presidente y fundador del partido político conservador Forza Italia con el cual ha alcanzado en varias ocasiones la propia presidencia del gobierno italiano.
 
Sin embargo, tanto por sus negocios como por su propia trayectoria política, se ha visto envuelto en numerosos escándalos judiciales (hasta 33 causas tiene abiertas), por una de las cuales resultó condenado en firme a cinco años de prisión por evasión fiscal en operaciones y transacciones de las empresas de su grupo Mediaset Italia. A pesar de que la condena es firme, no llegó a entrar en la cárcel porque mientras estuvo en el gobierno se encargó de modificar el código penal, y en virtud de la cual la pena de cinco años le fue reducida a algo más de un año por aplicación de esa reforma legislativa. Se da la circunstancia de que esas prácticas de evasión fiscal realizadas de forma sistemática y concienzuda según las sentencia que lo condenó, se produjeron durante el periodo en que él era presidente del gobierno italiano.
 
Tampoco en España las andanzas de su grupo Mediaset España han escapado a denuncias e indagaciones judiciales, pues desde el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional fue objeto de diligencias indagatorias por el juez Baltasar Garzón, relacionadas también con el origen de fondos y transacciones opacas nunca aclaradas acerca de los paquetes accionariales del canal Tele 5 y otras presuntas prácticas de evasión fiscal, pues, existía la convicción según las indagatorias del juez, de que en realidad detrás de otros inversores de la cadena estaba el propio Berlusconi quien los controlaba a través de Mediaset, violando de esta forma el tope legal del 25%. 
 
El juez Garzón se vio obligado a pedir el suplicatorio de Berlusconi varias veces a la Eurocámara, pues durante bastante tiempo también fue eurodiputado formando parte precisamente del Grupo Popular Europeo, al que accedió junto con su partido gracias a los oficios del entonces presidente Aznar. Por supuesto, todas las requisitorias ordenadas por el juez Garzón tanto en su periodo de eurodiputado como siendo ya presidente del gobierno italiano, fueron sistemáticamente rechazadas en el primer caso o chocaron con la inmunidad del cargo de presidente en el segundo. Esta causa fue finalmente archivada por la imposibilidad de tomar declaración al principal imputado.
 
Por eso, resulta ciertamente incomprensible que alguien que tiene este historial judicial mantenga inalterada y sea titular de una concesión administrativa de televisión del gobierno español. Y, al mismo tiempo, es también un insulto que un negocio tan rentable a juzgar por sus resultados y con una capitalización bursátil de 1.800 millones de euros, vaya a ser destinataria de ayudas económicas gubernamentales para paliar la cuenta de resultados de 2020 con el pretexto de la lucha contra el COVID – 19.
 
Por otra parte, un interesante y minucioso estudio realizado en 2019 por tres investigadores italianos (uno de ellos por cierto profesor de la Universidad catalana Pompeu i Fabra), concluye que la emisión de determinados programas de Mediaset en Italia contribuyeron de forma decisiva al auge en determinadas zonas del partido del propio Berlusconi Forza Italia primero, para luego, pasado el tiempo y relegado por las numerosas causas judiciales del propio magnate propietario del imperio televisivo italiano, propiciar a su vez el trasvase de votos hacia el Movimiento 5 Estrellas de corte populista y antisistema hoy en el gobierno. Los autores han estudiado con detenimiento y profundidad la relación que hay entre la programación televisiva ligera y chabacana (vamos, lo que es la clásica telebasura marca de la casa) de las televisiones italianas de Berlsuconi, y la orientación política gregaria de sus televidentes hacia las opciones más populistas.
 
Pero tampoco se han librado de otros escándalos judiciales los altos administradores del grupo Atresmedia, puesto de manifiesto en unas grabaciones policiales ordenadas por un juez de la Audiencia Nacional a propósito precisamente del caso del espionaje al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y su relación con las investigaciones relacionadas con inversiones del Canal de Isabel II en Colombia y Brasil. Vamos, lo que se conoce como el caso Lezo.
 
Esas grabaciones evidencian el uso de los diferentes medios del grupo: radio, televisión y periódicos, para derribar a la que fuera sucesora del propio González, Cristina Cifuentes, muy especialmente a resultas de la posición de ésta en relación con una investigación interna abierta y luego denunciada por ella misma en la Audiencia sobre ilícitas operaciones del Canal de Isabel II en la compra de las empresas de agua en ciudades de los países sudamericanos referidos. En esas operaciones denunciadas por Cifuentes al parecer se veía involucrado precisamente un alto ejecutivo del Grupo Atresmedia, que a su vez formaba parte también del consejo de administración del Canal de Isabel II. Lo cual hizo que los ejecutivos del grupo utilizaran los medios, tv, radio y periódicos en vengaza, para una operación de acoso y derribo de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
 
 
 
De las grabaciones que han sido conocidas a través de lo publicado en la prensa, se desprende que un alto ejecutivo de Atresmedia fue avisado por “una magistrada amiga de la casa” de que tenían pinchados los teléfonos por orden judicial. Aunque se han cuidado muy mucho de no confesar ese chivatazo en sede judicial, el famoso comisario Villarejo parece haber afirmado que la juez “amiga de la casa” que al parecer dio el chivatazo al ejecutivo de Atresmedia, forma parte del actual ejecutivo de Sánchez. Pero, como sucede en España, este tipo de presunta delincuencia política y periodística consigue siempre salir impune. ¡Faltaría más!
 
Naturalmente, de todas estas prácticas periodísticas y políticas extorsivas en las que claramente queda al descubierto la utilización de los medios del grupo Atresmedia para derribar a la que entonces fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, y que tenía por finalidad además proteger a sus propios altos ejecutivos, no apareció nunca ni una sola información sobre ello en los medios del grupo Atresmedia. 
 
FUNCIONANDO COMO UN CÁRTEL
 
Por si lo anterior no fuera suficiente, los dos grupos mediáticos audiovisuales titulares de las licencias que acaparan el 84 % del mercado publicitario, Mediaset y Atresmedia, han venido mucho tiempo funcionando como un cártel como lo acreditan los numerosos expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En particular y como un solo ejemplo (son innumerables los expedientes sancionadores abiertos y las sanciones contra estos grupos, especialmente contra Mediaset), es uno reciente con una sanción de nada menos que de 77 millones de euros (38 millones de euros a cada Grupo), por violación de las reglas del mercado publicitario al obligar a los anunciantes a contratar paquetes de tiempos y programas publicitarios que no eran demandados por las compañías anunciantes. 
 
De forma tal que cuando un anunciante quería contratar un determinado espacio publicitario, ambas cadenas, de forma concertada además, le obligaban a contratar también otros espacios de programas minoritarios o de otros canales. En definitiva que, como puede verse de forma indubitada por la resolución de la CNMC, Mediaset y Atresmedia no solo tienen acaparado la casi totalidad del mercado publicitario, sino que lo tenían cartelizado con prácticas de contratación abusivas que han dado lugar a la sanción más alta jamás impuesta a los grupos mediáticos. 
 
Es pues un sarcasmo estúpido que el propio gobierno por medio de estas ayudas metidas de matute en la crisis del COVID 19, acabe siendo quien le pague también parte de esas sanciones a estos poderosos grupos mediáticos que mantienen cautivo no solo el mercado publicitario, sino buena parte también de la masa de televidentes absortos ante una oferta televisiva manifiestamente progubernamental en su mayoría. Lo cual explica estos dispendios a costa de nuestros propios bolsillos, pues estos grupos empresariales audiovisuales deben su éxito en la cuenta de resultados porque de ellos depende en buena parte la imagen del propio gobierno que los subvenciona. Recientemente incluso el propio gobierno ha anunciado el incremento masivo de “publicidad institucional” en estos mismos medios para paliar también la bajada en la contratación publicitaria. Lo dicho, un conglomerado empresarial especial y prebendario en cuyo auxilio acude el gobierno con nuestro dinero en pago de favores que, obviamente, se están cobrando sin renunciar a un solo euro de sus cuantiosos dividendos. 
 
Es decir, son la clásica representación de un gran negocio empresarial que recibe favores gubernamentales, a cambio de generar mensajes e imputs informativos políticos que además, en estos momentos, se ha extendido a casi todos los programas incluidos los más frívolos. Donde por cierto se exhiben sin rubor militantes contertulios atrincherados en las consignas partidarias, generando a su vez la peor de las pandemias informativas: la intoxicación del más zafio y descarado agitprop, y que el gobierno viene a “compensar” aprovechando la crisis y el poder excepcional que acumula a resultas del estado de alarma. Y todos tan contentos.
LA DEMOCRACIA CONFINADA
 
La situación que vivimos, una prisión domiciliaria colectiva impuesta a 46 millones de personas soportada estoicamente por una sociedad exhausta de anomia, en buena parte inducida en sobredosis letales a lo largo del tiempo suministrada por grupos audiovisuales que monopolizan el mensaje político unidireccional, ha servido, so pretexto del estado de alarma, para poner en evidencia muchas de las carencias de nuestro Estado democrático y de derecho. Con el gobierno asumiendo poderes excepcionales, el Congreso deshabilitado y el personal recluido por miedo, se han encontrado con el desiderátum de los autoritarismos emboscados que se perciben bajo discursos gubernamentales de ampulosa palabrería que empalaga hasta el vómito, mientras mueren como chinches miles y miles de conciudadanos nuestros. Se trata de las peores de las dictaduras de excepción implantadas por una causa noble: nuestra propia salud física a costa de la destrucción total de nuestros derechos políticos, imposible de ejercerlos porque los tenemos suspendidos debido a nuestro estado de presidiarios sin haber cometido delito alguno.
 
Que un gobierno o gobernante de nuestra corporación política gubernamental admita un solo error cualquiera que sea la crisis que suframos, resulta un rareza. Y que dimita por ello es casi una extravagancia. Pero esto es lo que hay y estos los bueyes que nos gobiernan y representan. 
 
Cautivo y desarmado el sujeto político colectivo titular de la soberanía política, es decir, el pueblo, está indefenso, inerme y en cuarentena. Y por ello la democracia se halla totalmente confinada. Es el sueño húmedo de todos los espíritus totalitarios que tanto abundan por redes y tertulias y que incluso forman parte del gobierno actual. Que los dioses nos amparen para la que se nos viene encima además de la que ya tenemos.
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Comunicantes y aludidos deberán dirigirse a elmolinodesanfernando@gmail.com

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