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Indicios de criminalidad en la cesión de Plaza de España
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Indicios de criminalidad en la cesión de Plaza de España

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Julio Setién, Joaquín Martínez y Victoriano Cuesta se sentarán en el banquillo.
Se veía venir, son muchas las irregularidades en la gestión de la remodelación de la plaza más importante de San Fernando de Henares y muchas las demandas contra los gestores.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada ha finalizado la investigación sobre la querella interpuesta por la Asociación cívico-cultural El Molino de San Fernando de Henares, concluyendo que hay indicios de criminalidad en los que fueran alcalde y concejal de Política Territorial, Julio Setién y Joaquín Martínez, ambos de Izquierda Unida, así como el empresario Victoriano Cuesta por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La remodelación de la Plaza de España y las viviendas colindantes se desarrolló con la creación de una Sociedad denominada Plaza de España San Fernando SL, en la que los vecinos participaban con un 51% y el Ayuntamiento con un 49% fruto de aportar los terrenos públicos de la plaza como parte de su contribución. Los que tomaron esa decisión de forma personal fueron Julio Setién y Joaquín Martínez, sin contar con la aprobación preceptiva del Pleno Municipal que supuestamente se había producido el 28 de mayo de 2008, pero no consta que se llevase a ese órgano de gobierno ninguna propuesta de aprobación.
Además la junta de gobierno ocultó que la plaza no pertenecía al Consistorio cuando aprobó el Plan de reordenación del entorno y la modificación del plan general en el mes de octubre de 2009.
La situación más grave es que los vecinos que vivían en la plaza y calles adyacentes entregaron sus viviendas con la condición de que los gestores les entregasen una vivienda nueva, y no pueden ocupar sus propiedades a pesar de estar casi terminadas.
Los responsables de la sociedad Plaza de España San Fernando SL no pagaron lo que debían a los constructores, tampoco lo hicieron a Bankia generando una deuda que asciende a 94 millones de euros. Construyeron unos aparcamientos que se han declarado ilegales ya que no formaban parte del proyecto inicial e incumplía las normas urbanísticas, hicieron compras de locales a la Empresa Municipal del Suelo y pagaron facturas del Ayuntamiento.
Julio Setién era el Presidente de la sociedad y Joaquín Martínez, exconcejal de Política Territorial el Ayuntamiento era Consejero Delegado y Secretario, además Victoriano Cuesta administrador de Woodman S.L. facturó un asesoramiento por un valor de 8 millones de euros, dedicándose a asesoran a los vecinos sin tener facultades para ello.
Ahora queda la espera para la celebración de la vista, independientemente de los recursos de reforma que han presentado los encausados ante la Audiencia Provincial.
Algunos vecinos están de alquiler y no tienen recursos para seguir pagando, lo que ha supuesto amenazas de desahucio y quebranto económico en sus posibilidades para recuperar sus viviendas. Otra de las irregularidades es la concesión de licencias un año antes de que se produjera la modificación del plan general de ordenación urbana.
El auto recuerda que no se presentaron proyecto de la construcción de nuevas plazas de aparcamiento a la Dirección General de Patrimonio, lo que ha supuesto una apertura de un expediente contra el municipio por infracción administrativa en materia de patrimonio histórico.

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