El Gobierno regional y los Ayuntamientos de Madrid, de Coslada y de Rivas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos han constituido el pleno de asamblea del Pacto que trabajará por transformar la Cañada Real Galiana.
La Asamblea de la Cañada Real será el «órgano de debate y participación» en que confluirán las partes firmantes del Pacto Regional por la Cañada, suscrito el 17 de mayo pasado y que, entre otros propósitos, recoge medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas que viven en esta zona de Madrid.
En una nota de prensa, el Gobierno regional dice que la Asamblea de La Cañada, que preside el comisionado de la Comunidad, José Antonio Martínez, «es el más amplio de los tres órganos colegiados que forman la estructura organizativa permanente que garantizará la aplicación del acuerdo».
Del pasado miércoles 12 de Julio, ya fue constituido el Comité Ejecutivo de la Cañada, el órgano de adopción de decisiones, y que cuenta con participación de la Delegación del Gobierno, de dos representantes de la Comunidad y de uno de cada uno de los ayuntamientos afectados, Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.
La semana próxima se pondrán en marcha las tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) que estudiarán la solución más adecuada para los sectores 2 al 5 de la Cañada, que pertenecen a Madrid y Rivas Vaciamadrid, dice la nota del Gobierno regional. 
El Pacto, consensuado y suscrito por todas las partes, pretende poner fin a un problema que arrastra la región desde hace más de 50 años, que afecta a las 7.300 personas que viven a lo largo de los 14 kilómetros de la Cañada Real y que presenta diferentes problemáticas que, durante décadas, han supuesto un desafío para los gobiernos de la Comunidad y para los ayuntamientos.
La estructura organizativa que garantizará el cumplimiento del Pacto son la Asamblea de la Cañada (órgano de debate: administraciones, partidos, entidades sociales y vecinos), el Comité Ejecutivo (adopción de decisiones: Delegación del Gobierno, representantes de la Comunidad y de cada ayuntamiento) y la Comisión de Seguimiento, encargada de velar por cumplimiento del Pacto.
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