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La Asociación el Molino, nos ofrece la SEGUNDA ENTREGA de este interesante asunto:  “El sospechoso Monopolio de la UPM”
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La Asociación el Molino, nos ofrece la SEGUNDA ENTREGA de este interesante asunto: “El sospechoso Monopolio de la UPM”

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La  Asociación Cívico Cultural El Molino, ha publicado la segunda Parte de este interesante asunto relacionado con el municipio de San Fernando de Henares, que por su interés, pasamos a reproducir en su totalidad:

“EL SOSPECHOSO MONOPOLIO DE LA UPM (SEGUNDA ENTREGA)” LA PRIMERA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DEL SEÑOR CLAVER FARÍA EN NUESTRO MUNICIPIO FUE PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL CONOCIDO COMO SECTOR V DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EN EL AÑO 2001. FUE DURANTE LA PROCELOSA TRAMITACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ESTE SECTOR DE ACUERDO CON EL PGOU ANTERIOR, CUANDO TUVIMOS CONOCIMIENTO DEL ENCARGO QUE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN QUE EL MISMO HIZO, PREVIO PAGO CLARO, DEL PRECEPTIVO ESTUDIO DE IMPACTO QUE SE HABÍA OMITIDO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. VAMOS A VER CUÁL FUE EL PAPEL BLANQUEADOR EN ESTE ASUNTO DE LA UPM Y CUÁL ES EL RESULTADO INCLUSO PARA EL DÍA DE HOY. EN EL BOCAM DE 19 DE FEBRERO DE 2001 SE PUBLICABA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR V. EL AYUNTAMIENTO ESTIMÓ NUESTRAS ALEGACIONES PORQUE AL MISMO LE FALTABA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PERO VEAMOS CÓMO INTENTARON LUEGO ENGAÑARNOS ENTRE LOS PROMOTORES Y EL AYUNTAMIENTO. EN DICIEMBRE DE 2000 FUE SOMETIDO A INFORMACIÓN PÚBLICA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ESTE SECTOR COMO PUEDE VERSE. ESE EIA LO HABÍA CONFECCIONADO EN UN TIEMPO RÉCORD EL EQUIPO DEL SEÑOR CLAVER FARÍA DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM TRAS NUESTRA DENUNCIA POR LA OMISIÓN EN LA TRAMITACIÓN DEL PLAN PARCIAL Y SU PROYECTO DE URBANIZACIÓN.                                   FOTOGRAFÍA AÉREA DE 1999

PERO, COMO PUEDE COMPROBARSE, YA EN EL AÑO 1999 SE HABÍAN HECHO LAS EXPLANACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ASÍ COMO AUTORIZADO LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE LA CAMPA DE VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO TOQUERO. ES DECIR, DOS AÑOS ANTES DE QUE FUERA APROBADO EL PLAN PARCIAL.           LA SITUACIÓN EN 2018

LAS INSTALACIONES DEL GRUPO TOQUERO, PARTE DE LAS CUALES HAN SIDO TRASPASADAS A UNA MULTINACIONAL EXTRANJERA, HAN HECHO DESAPARECER PARTE DE LA VÍA PECUARIA DE LA VEREDA DE SEDANO Y SE HALLAN LEVANTADAS EN SU TOTALIDAD (200.000 M2) EN UNA ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN. ES DECIR, ES INCOMPATIBLE CON LA CLASIFICACIÓN COMO ZONA MEDIOAMBIENTALMENTE PROTEGIDA. ASÍMISMO, ESTA SITUACIÓN AFECTA TAMBIÉN A PARTE DE LAS INSTALACIONES DE TNT. LA FUNDACIÓN DE LA UPM CONCLUYÓ EN SUS ESTUDIOS QUE ESTAS INSTALACIONES PODÍAN SER LOCALIZADAS Y LEVANTADAS PORQUE LA ZONA CARECÍA DE VALOR AMBIENTAL. PERO NI SIQUIERA SUPIERON LOCALIZAR LA EXISTENCIA DE LA VEREDA DE SEDANO. SITUACIÓN E INTRUSIONES EN LA ZEC Y EN LA VÍA PECUARIA DE HOY MISMO

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LA PERMANENTE LUCHA CONTRA TRAMPOSOS PODEROSOS

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La primera vez que nosotros tuvimos conocimiento de la existencia de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid y de que aceptaba encargos de particulares para realizar los EIAs para los desarrollos industriales, fue con ocasión de la tramitación del Sector V que el PGOU de 1988 clasificaba como urbanizable (500.000 m2) al sur de la línea del tren. Esto ocurría en el año 2001.

Por aquellas fechas se estaba tramitando el Plan Parcial del Sector así como su Proyecto de Urbanización. Pero este último requería un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con lo que disponían entonces tanto la ley de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid como la propia ordenanza de Medio Ambiente del ayuntamiento.

Cuando tuvimos conocimiento de la aprobación del Proyecto de Urbanización sin la perceptiva evaluación de impacto presentamos las correspondientes alegaciones y denuncias en prensa, que dieron como resultando que, efectivamente, el ayuntamiento se viera obligado a acordar la necesidad de realizar  el EIA para el sector.

Pero todo esto tenía entonces dos condicionantes prácticamente insalvables: i) que casi el 50 % del Sector se hallaba dentro del ámbito de la ZEPA de los Cortados y Cantiles del Jarama, y ii) que en realidad mucho antes ya se había concedido una licencia de obras a uno de los promotores, GRUPO TOQUERO, para ejecutar una serie de instalaciones industriales con objeto de levantar allí un complejo con grandes campas de vehículos. Lo incomprensible es que la licencia concedida (que se otorgó como se dice mucho antes de que estuviera aprobado el Plan Parcial) invadía y ha hecho desaparecer totalmente un tramo de la vía pecuaria conocida como la Vereda de Sedano. Y así sigue hoy día.

Realizar pues un EIA del Proyecto de Urbanización del Sector cuando ya se ha realizado un movimiento de tierras de 200.000 m2 y hay funcionando con licencia un complejo industrial, es tan absurdo como pretender realizar el EIA en un bosque después de haberlo talado o de que se haya incendiado. Absurdo y fraudulento claro.

EL SECTOR V Y EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Este Sector V tenía según el PGOU de 1988 lo que se conoce como un Sistema General Externo adscrito: el polideportivo municipal. Como hemos indicado en otras entradas, el polideportivo municipal no estaba amparado por planeamiento alguno cuando se levantó y la obtención del suelo se hizo a principios de los ochenta mediante un simple convenio con la propiedad (los mayores terratenientes del pueblo), adscribiendo la finca que cedían a este sector y reconociéndole a sus propietarios derechos de aprovechamiento por cerca de 10.000 m2. Es decir, el Ayuntamiento no pagó nada por el suelo y relegó su “pago” a sus propietarios mediante su adscripción al Sector V. en otras palabras, la obtención de este suelo iba a cargo de los propietarios de este Sector.

Pero casi veinte años después, el Sector V no había iniciado su andadura por causa de numerosos recursos judiciales interpuestos por sus propietarios ya que se preveía su ejecución por expropiación. Estos retrasos causados solo por la oposición de los propietarios del propio Sector, dejó en el aire la realización del pago a los titulares del suelo cedido al ayuntamiento para el polideportivo municipal, cuando sus instalaciones llevaban funcionando sin embargo desde hacía esos veinte años.

Esta situación llevó a los propietarios a demandar al ayuntamiento y pedirle 400 millones de las entonces pesetas por el suelo del polideportivo, o en su caso su devolución. La demanda era seria y los propietarios tenían contratado un famoso catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares.

Pero he aquí que, cuando el ayuntamiento se proponía librar una dura batalla judicial que solo tenía por objeto retrasar el pago de los cuatrocientos millones, apareció como por ensalmo un mirlo blanco que vino a salvar al ayuntamiento de la campana y garantizaba que los propietarios del suelo del polideportivo pudieran cobrar al fin. El mirlo blanco se llamaba TOQUERO EXPRESS del Grupo TOQUERO que tenía unas instalaciones al otro lado de la vía y necesitaban urgente ampliación.

Toquero compró el suelo e impulsó el Plan Parcial y formó la Junta de Compensación, al frente de la cual y como presidente de la misma puso a los administradores de una sociedad recién constituida llamada NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES SL. Es decir, los que habían cedido el suelo para el polideportivo. Los administradores de esta sociedad son viejos conocidos, pues se trata de los mismos administradores que luego lo fueron de WOODMAN SL.

Por su parte, el Grupo TOQUERO, que fue quien puso la pasta inicial para comenzar a poner en carga el Sector, puso dos condiciones al ayuntamiento para implicarse en la promoción: i) que le concedieran licencia anticipada para sus instalaciones y ii) que asimismo el sector fuera dividido en al menos dos unidades de ejecución; una de ellas de 200.000 m2 que coincidía plenamente con la parcela de su propiedad.

Y, efectivamente, el ayuntamiento le concedió al GRUPO TOQUERO, su salvador, una licencia en precario en 1998 para su complejo industrial. Varios años antes pues de estar aprobado el Plan Parcial.

Pero es que, además, esa licencia en precario concedida entrañaba que parte del complejo se levantara sobre la vía pecuaria llamada Vereda de Sedano, que literalmente ha desaparecido. Además de que la casi totalidad de la instalación se levantaba también sobre la ZONA ESPACIAL DE PROTECCIÓN DE AVES (ZEPA) de Cortados y Cantiles del Jarama. Toda una gravísima infracción urbanística que se perpetró con licencia municipal y aún hoy día sigue igual o peor.

LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM AL RESCATE

En estas circunstancias y tras nuestra denuncia de la omisión del IAE, fue cuando el ayuntamiento, ante el bochorno y las denuncias en prensa, se vio obligado a reconocer que la actuación requería efectivamente un EIA. Lo cual comunicó a la Junta de Compensación y por supuesto al Grupo TOQUERO.

El dilema ahora sin embargo era que, obviamente, todas las instalaciones ya en funcionamiento (véase la fotografía de arriba de 1999) de la Unidad de Ejecución propiedad de Toquero tendría que ser desmantelada, por cuanto que casi toda ella está levantada en el ámbito de una ZEPA hoy ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Sin embargo, he aquí que la Fundación General de la UPM acudió al rescate del Grupo Toquero especialmente y con ello al de todos los demás, haciendo un EIA en favor absolutamente de las tesis del Grupo en perfecta alianza con el Ayuntamiento y con los demás miembros de la Junta de Compensación. Llegaron a la forzada conclusión de que en aquella zona no había nada que mereciera la pena conservar medioambientalmente, aportando datos incluso de un trabajo de campo que decían habían realizado. Pero en ese trabajo de campo ni siquiera habían detectado la existencia de una vía pecuaria literalmente hecha desaparecer por las propias instalaciones de Toquero.

Pero hubo un dato del Estudio que nos puso en guardia. Se trata precisamente de la fecha que el EIA decía habían hecho el trabajo de campo y que revelaba dos cosas que hacían poner en duda la seriedad del Estudio de la Fundación General: i) que la fecha que ponían de la realización del trabajo de campo era anterior incluso a la constitución de la Junta de Compensación que era quien, según el EIA, había realizado el encargo (muy bien pagado por cierto) a la UPM. Y ii) que sin embargo esa misma fecha que dijeron realizaron el trabajo de campo era posterior a lo que delataban la fotografías áreas de 1999, que acreditaban que para esas fechas las instalaciones industriales del Grupo TOQUERO (que en realidad era quien anticipaba los gastos), llevaban funcionando cerca de dos años antes. En definitiva, que el EIA no era más que un trámite, muy bien pagado como se dice, al que se prestó la Fundación General, y con el que cubrió el expediente, cobró junto con el equipo redactor una buen pasta y de paso salvó el culo del Grupo Toquero y del propio ayuntamiento. Del primero porque no tuvo que levantar su complejo tras su informe, y del segundo porque no tuvo que pagar cuatrocientos millones de pesetas a los propietarios del suelo del polideportivo.

NADA ES CASUAL

Que una universidad pública haga EIAs debería de ser saludable, porque al prestigio de la propia universidad se une su condición de ser una administración pública académica, sujeta pues al mandato constitucional de servir al interés general. Pero el problema es cuando se mezcla todo y quien hace el encargo es un particular que, obviamente, tiene sus intereses económicos privados en juego. Aquí el conflicto y la sospecha de actuar en favor de los intereses de quien le paga en lugar de hacerlo cumpliendo con el mandato constitucional se hace muy nítido y descarado. Y si además quien paga se halla incurso en una posible infracción urbanística o medioambiental grave, entonces es cuando suenan todas las alarmas. Lo ideal sería que esos encargos los hiciera la administración que es quien promueve el PGOU. Además, la actividad urbanística en nuestro sistema es genuinamente pública y solo pública, porque es la mejor forma de garantizar precisamente el interés general. Pero todos esos elementales principios y cauteles quiebran cuando quienes pagan los EIAs son precisamente los propietarios de suelo que, lógicamente, tienen sus propios intereses particulares. Y, por otra parte, estos trabajos tienen también otra función en las universidades muy importante: es una fuente de su insaciable financiación como es el caso de muchos títulos y másteres.

La UPM no fue elegida para realizar el EIA del Sector V por sus promotores por casualidad, sino por indicación de alguien que lo recomendó o sugirió porque en dicha Universidad y un departamento concreto, había un catedrático que, oh casualidad, había sido hasta hacía muy pocos meses antes el director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Esta es la razón por la que aparece aquí la UPM y no solo en este caso sino en todos los restantes en los que ha intervenido. La intervención de este señor garantiza solventar muchos problemas medioambientales con la Agencia a condición de su contratación claro.

Es un secreto a voces. Muchos de estos próceres de nuestra universidad, funcionarios públicos por tanto, tienen constituidas sociedades mercantiles con las que facturan y cuyo objeto social coincide (incluso el nombre) con la especialidad de su departamento universitario, y al frente de las cuales tiene puestas como administradoras a sus esposas, hijos o hermanos. Este es el caso. Y luego nos extrañamos cuando estas cosas saltan a las noticias de la prensa en forma de titulares escandalosos. ¿Pero es que nadie vigila estos patentes conflictos de intereses que luego son el foco por donde se cuelan favores y comportamientos claramente corruptos? Pues parece que no. ALGUNAS DE LAS MUESTRAS QUE SALTAN A LOS TITULARES DE LA PRENSA  San Fernando de Henares tiene más de 2/3 de su territorio clasificado como no urbanizable y especialmente protegido. Lo cual impide ya desarrollo residencial alguno. En una buena parte por el Parque Regional del Sureste y en otra por la ZEC que comprende tanto el propio Parque como la ZEPA de los Cortados y Cantiles del Jarama. Asimismo es atravesado por dos ríos y numerosas vías pecuarias. El PGOU de 2002 clasificaba como urbanizable más de cuatro millones de metros cuadrados. Algunos de estos sectores urbanizables, todos ellos de uso industrial, invaden claramente zonas protegidas y se superponen incluso con ámbitos absolutamente incompatibles con la urbanización. Sin embargo, sobre todos estos ámbitos se realizaron EIAs encargados a la Fundación General de la UPM y pagados precisamente por los grandes propietarios de suelo. En todos ellos intervino como se dice la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid con equipos dirigidos por quien, oh casualidad, había sido director de la Agencia de Medio Ambiente de Madrid y, además, forma parte de varios consejos medioambientales de la propia Comunidad. ¿A alguien le extraña lo que dicen los titulares de prensa?. Seguiremos con la próxima entrega.

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